El fiscal del Equipo Especial Lava Jato, José Domingo Pérez, solicitó ayer al Poder Judicial que se le imponga al ex presidente regional Yehude Simon 36 meses de prisión preventiva por lo que la fiscalía estima que a Simon le corresponderían 28 años y 4 meses de pena privativa de la libertad. Uno de los requisitos para imponer prisión preventiva es que los delitos imputados sumen penas mayores a los 4 años de prisión.
La Fiscalía acusa a Simon de recibir $300 mil de la constructora brasileña para su campaña de reelección al gobierno regional de Lambayeque en 2006. Según la tesis fiscal, el dinero para el ex premier fue destinado desde la caja 2 de Odebrecht y entregado a Pablo Salazar, ex gerente del Proyecto Especial Olmos, para quien al igual que al ex congresista se solicitó esta medida limitativa.
El 24 de febrero de este año, la juez María de los Ángeles Álvarez ordenó la detención preliminar por 10 días contra Simon y Salazar, así como el allanamiento de sus viviendas.
Al respecto, Edwin Espinoza, abogado de Simon, dijo a Correo que la Fiscalía no logró demostrar que su patrocinado recibió dinero y que su acusación se basa solo en dichos que rebatirán en su momento.
‘La Fiscalía hasta el momento no ha podido convencer de que el señor Yehude Simon recibió dinero, todo es en tercera persona y es sobre dichos, no se corroboró nada. Ninguna persona, ni siquiera el señor Barata dijo que le entregó dinero o este se lo pidió. Tampoco el señor Pablo Salazar mencionó que entregó dinero al señor Simon o este se quedó con algún dinero. Nosotros vamos a rebatir los argumentos de la Fiscalía, todavía no fuimos notificados del requerimiento fiscal’, expresó.
Acusaciones
La imputación por colusión
El primero es el de colusión. Para la fiscalía, en torno al proyecto Trasvase Olmos, se habría pactado otorgar la buena pro a uno de los postores, en este caso Odebrecht, estableciendo condiciones favorables que permitieran la viabilidad de la obra y obtención de la buena pro por parte de dicha compañía, lo que finalmente ocurrió el 22 de julio del 2004. Esto, a cambio de que dicha empresa entregase beneficios económicos para los integrantes de la organización criminal.
Entre las irregularidades se destaca que hubo un acuerdo de forma que la tarifa por el precio máximo de agua trasvasada (redireccionado) obtenga una mayor ganancia al no incluirse el descuento por dicho cofinanciamiento recibido a la obra concesionada. Como contrapartida de ello, el Estado peruano se obligaba a un mayor pago indebido por el servicio de trasvase de agua así pactado.
Lavado de activos
El fiscal José Domingo Pérez le atribuye a Simon, Salazar y Javier Málaga haber cometido lavado de activos en la modalidad de transferencia, conversión, tenencia y ocultamiento correspondiente a la suma de US$300.000, procedentes de la Caja 2 de la División de Operaciones Estructuradas (departamento de sobornos) de la empresa Odebrecht, ocurrido el año 2006, habiéndose insertado estos activos ilícitos dentro de la economía de nuestro país, en el contexto de las elecciones para los gobiernos regionales en el departamento de Lambayeque. La investigación en torno a dicho ilícito comprende el período entre el 2004 y 2011.
Entre los indicios de dicho ilícito, el Ministerio Público se refiere a la adquisición de un inmueble de parte de Yehude Simon en Surco en setiembre del 2009, por el monto de US$90.500.
Organización criminal
De acuerdo al requerimiento fiscal, se habría constituido una organización criminal en el interior del aparato estatal (gobierno regional) que tenía entre sus fines cometer actos de corrupción favoreciendo a empresas brasileñas para que se hicieran de las concesiones y obras públicas en la región Lambayeque, siendo una de estas el grupo empresarial brasileño Odebrecht, continuando así como un mecanismo de corrupción empresarial y estatal.
Jorge Barata
El documento toma en cuenta la declaración que dio Pablo Salazar Torres el 26 de febrero pasado y señala que existió una relación de confianza entre Simon y el ex superintendente de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata.
‘Se advierte que existió una relación de amicalidad entre Yehude Simon Munaro y Jorge Henrique Simoes Barata, representante de Odebrecht en el Perú, puesto que habría sido padrino de la promoción en el Colegio Algarrobos de Chiclayo, de uno de los hijos de Yehude Simon Munaro en el 2007’, señala el documento.
La campaña de reelección
La fiscalía relaciona las irregularidades en la concesión del proyecto Trasvase Olmos con la campaña del 2006, en la que Simon resultó reelecto como gobernador regional.
‘Si bien el contrato de concesión para la construcción, operación y mantenimiento de las obras de Trasvase del proyecto Olmos fue suscrito en julio de 2004. El colaborador eficaz ha referido que en este contexto de la concesión hubo solicitudes de dinero, que se realizaron en el contexto de la realización de las campañas electorales regionales’, señala el documento en base al testimonio de Barata.