Crisis van, crisis vienen. En Perú no es una novedad que exista una crisis, ya que, al fin y al cabo, siempre vivimos de la aventura que estas significan. Para el mundo entero, este país se ha convertido en un circo donde todo pasa y todo puede ocurrir, pero aquí ya no llama la atención. En este diario precisamente somos muy puntillosos con los mensajes que se transmiten de las tribunas, pasillos y parlantes de Palacio de Gobierno, porque cada mensaje puede significar algo diferente, un nuevo estadio de la vida política de este adolescente llamado Perú. Por ello, el discurso brindado el día de ayer por el presidente Martín Vizcarra pone, de nuevo, en tela de juicio el reciente Cierre del Congreso.
Para recordarlo, por si usted, estimado lector, lo ha olvidado, el pasado 30 de septiembre, el mandatario, Martín Vizcarra dispuso el cierre de la institución estatal mediante el Decreto Supremo N° 165-2019-PCM al interpretar que el segundo Poder del Estado, el Legislativo, denegó fácticamente una cuestión de confianza planteada al Consejo de Ministros. A opinión personal o parecer del actual jefe de Estado, no se le otorgó facultades y cambió el rumbo del país.
Cabe recordar que en la legislación peruana se estipula que, para cerrar el Congreso de la República, hace falta de la denegación clara a través de una votación en el Pleno. Para que esta se lleve a cabo, el Premier y sus ministros deben exponer sus planes de trabajo a desarrollar en el período que le corresponda y «ganarse» a través de los votos, la confianza de los parlamentarios (puede revisar el siguiente apartado con el artículo constitucional que así lo describe).
Pero lo que pasó previamente explica con aún mayor claridad los hechos. Meses antes, el mandatario actual tomó el poder porque Pedro Pablo Kuczynski, presidente electo por voluntad del pueblo peruano, renunció a la Presidencia de la República, pero esto no significó el fin de su gobierno. Por tanto, este se mantiene y mantendrá hasta el 28 de julio de 2021. ¿Y por qué es relevante esta acotación? Simple y llanamente, porque su vicepresidente, el actual presidente de la República tomó su lugar para terminar el período de 5 años por los que fue electo. No es un nuevo presidente, un nuevo partido o una nueva elección general o presidencial. Es la continuación de los primeros años de mandato del líder de un partido que hoy ya no existe. Por tanto, su presencia en el sillón presidencial solo debía significar algo más que seguir la ruta estipulada desde la elección de su partido en las ánforas en el 2016. A menos que la ruta hubiese sido, como se le incriminó a Guido Lombardi durante la campaña del 2016, disolverlo. Para ello, puede observar el debate presidencial entre Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori.
Dicha cuestión de confianza fue la tercera en ser presentada por un Premier bajo la administración de Vizcarra y la cuarta en el período de gobierno 2016-2021. Pero, de acuerdo a la interpretación del Gobierno, la segunda en ser denegada. No obstante, si consideramos que, no se trata de dos gobiernos distintos, sino de uno solo que ha continuado con un presidente interino, su Disolución del Congreso de la República fue inconstitucional. Y aunque, evidentemente se intentará demostrar lo contrario, lo mencionado ayer durante su mensaje, puede confirmarlo.
¿Pero cómo es que Martín Vizcarra habría reconocido esto? En sus recientes declaraciones tras la denegación de la Confianza al gabinete de Pedro Cateriano, afirmó que no ocurría esto en 20 años. Lo citó un diario local tras el mensaje: «Me apena profundamente que el Congreso haya negado por primera vez en 20 años y en medio de una pandemia la confianza a un gabinete», señaló.
Es así que las preguntas que este diario invoca al mandatario responder son: ¿por qué la denegación «fáctica»contó en aquella ocasión y ahora no? ¿No ocurrió verdaderamente hace casi un año? Entonces, ¿acepta que esa «denegación fáctica» fue una excusa para disolver el Congreso de la República? ¿Ha cometido un Autogolpe de Estado en desagrado a la oposición mayoritaria? ¿Qué hizo durante el tiempo que el Ejecutivo dispuso del dinero del Estado sin regulación del Congreso y de la Contraloría? Las preguntas podrían seguir desprendiendo otras más que se sumarían a una telaraña que ahora empieza a tener nombres como Richard Swing, compras sobrevaloradas durante la cuarentena, amigos del club de tenis del presidente, y por qué sigue reciclando a sus ministros como asesores, entre otras.
Si se aplica la lógica básica de lo que esta afirmación significa, disolver un Congreso inconstitucionalmente conlleva una responsabilidad y daría pie a la tipificación de Golpe de Estado, que no nos complace mucho en sopesar como otros intentan calificar con ánimo de encender las praderas. Alberto Fujimori aparentemente podría recordarle que pasa con los que llevan a cabo una disolución de esta institución del Estado. Pero, hasta en la ocasión en la que el líder histórico del fujimorismo hizo lo propio, la OEA también fue partícipe, casi como avalando el hecho.
No está de más recordar, estimado lector, que los hechos producidos ese 30 de septiembre ocurrieron con diferencias de minutos y lo que sucedió fue un espectáculo sin precedentes. Pero lejos de discutir los pareceres que recaen en opiniones inevitables y que advertimos previamente, este medio quiere centrarse en el mensaje que podría significar la prueba para un juicio político, para lo que las preguntas aquí expuestas, las dejamos al aire libre, y esperamos que un día se atrevan a contestar.
Finalmente, no nos cansamos de señalar lo críticos que somos con la política del país, porque es así como debería funcionar el periodismo en el Perú y no al revés. Por ello insistimos en ser incómodos para aquellos que se están sintiendo muy a gusto. Como fiscalizadores y amantes de la transparencia y la verdad, exhortamos públicamente que se respeten todas las instituciones del Estado en general por igual en salvaguarda del bienestar del país que ya ha sufrido de más. El Perú debería estar primero.