El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó tras la demanda realizada por la empresa brasileña Odebrecht contra el Estado peruano, estos estarían reclamando una indemnización por más de US$ 1.200 millones de dólares.
Odebrecht ha presentado sus cargos ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) el pasado 21 de enero. Entre ellos se argumenta que Perú no cumplió y hasta quebrantó sus obligaciones respecto del proyecto Gasoducto Sur Peruano.
Reacciones
Ante el hecho, el MEF ha señalado que el Estado va a hacer uso de su derecho de defensa. «(El Estado) se opondrá con firmezaa cualquier uso inadecuado de los mecanismos de solución de controversias», mencionó el ministerio a través de un comunicado de prensa.
Por otro lado, el primer ministro, Vicente Zeballos, se ha manifestado mucho más enfático respecto al tema. “El Gobierno no negocia con corruptos, lo que sí le digo es que la defensa corresponde asumirla a la Unidad de Controversias Internacionales que lidera el Ministerio de Economía y Finanzas y, denlo por descontado, ya tenemos en el mismo Gasoducto un contencioso arbitral planteado por Enagás, la misma defensa que esta viendo este caso la asumirá en el caso de Obdebrecht”, declaró a los medios desde Loreto.
¿No estaba previsto?
Fiscalía admitió que no estaba previsto que la empresa que ya cuenta con un proceso en el país y otros muchos en el extranjero. Para el fiscal que delega los casos más emblemáticos, José Domingo Perez, no había posibilidad de un pacto de situaciones futuras. Mientras tanto, el fiscal Vela, concluyó que en negociación no había pretensión de demanda.
Cabe destacar que ya en el 2017, Odebrecht ya había tentado la posibilidad de demandar al estado Peruano, por lo que no habría sido una sorpresa para el Ejecutivo la puesta en marcha de la idea. Según la ex procuradora anticorrupción, Katherine Ampuero, «este escenario se veía venir y se advirtió».
Los argumentos
Los grandes argumentos de la empresa brasileña, según el MEF, se desprenden del 24 de enero del 2017, cuando el Estado peruano canceló de forma arbitraria el contrato de concesión del Gasoducto Sur Peruano, y optó por otras medidas que iban contra los derechos de la subsidiaria.
Entre otras medidas que el Estado desarrolló y que son consideradas como argumentos de la empresa para fundamentar la demanda están relacionados con las leyes anti-corrupción que el Estado tomó hace dos años.