Otro de los funcionarios en manifestar su desacuerdo con las recientes medidas del Parlamento fue el Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez que envió un comunicado a Manuel Merino, presidente del Congreso expresando su preocupación por las reformas constitucionales aprobadas de forma precipitadas el pasado fin de semana.
En dicho comunicado, Gutiérrez exhorto al Congreso a reevaluar las modificaciones constitucionales ya que presenta ‘insalvables vicios de inconstitucionalidad formales y materiales’ se redacta en el documento. En ese sentido, exhorto también al Congreso volver a discutir el tema, ya que si es aprobada en segunda legislatura el proyecto de reforma constitucional, inexorablemente será declarado inconstitucional con la consecuente debilidad inconstitucional.
En el comunicado presentado por el Defensor del pueblo se resalta que para el desarrollo de la reforma constitucional es vital que se cumplan con los procesos establecidos en la Constitución y el Reglamento del Congreso, por lo interroga porque no fue primero sometido a debata y análisis procedimental.
‘Era indispensable que la propuesta dirigida a reformar cinco disposiciones constitucionales, que comprometen el funcionamiento de las principales instituciones del Estado, fuese sometida a un análisis técnico en las comisiones parlamentarias. Esto último hubiese garantizado la participación de la sociedad civil e instituciones públicas´ mencionó.
Gutiérrez insiste en que el proyecto ‘ha trasgredido el principio deliberativo’, ya que es un pilar fundamental de la democracia. De otro modo, se mencionó también que ‘de acuerdo con este principio, para la legitimidad de una norma no basta que se tengan los votos suficientes para aprobarla, sino que ella sea producto de exhaustivas deliberaciones’.
El funcionario hablo de su preocupación debido a la ‘incompatibilidad de la norma’ con la esencia de las funciones de la Defensoria del Pueblo y otros órganos. Por último, Gutiérrez se pronunció por la modificación de la inmunidad del Mandatario, ya que se considera que debilitan las garantías de estabilidad en el régimen político.