Durante el tiempo del aislamiento social, la delincuencia disminuyó drásticamente en el Perú, el mercado negro así como muchos otros negocios ilegales incluida la distribución de estupefacientes se han visto visiblemente afectados debido a las normas impuestas por el gobierno durante el estado de emergencia.
Las imágenes de asaltos al paso, asesinatos, accidentes, balaceras, ajustes de cuentas y tantos otros hechos a los que los noticieros nos tenían acostumbrados cambiaron por las de largas colas en los mercados para conseguir productos de primera necesidad. Es casi increíble para algunos pero finalmente pasó, la delincuencia se redujo en un 84%, tan solo en Lima.
Esta misma situación se repite en otros países Latinoamericanos como México, en donde el cartel de Sinaloa se vió en la necesidad de para su ilegal negocio de drogas y trata de personas ya que las fronteras están cerradas; mientras que en Colombia las autoridades confirmaron que los asesinatos se han reducido en más del 50%. Sin embargo, no muchos creen que esta favorable situación dure demasiado.
El pasado 5 de julio, un joven policía de penas 21 años fue abatido por unos delincuentes en el distrito de Carabayllo durante la inmovilización obligatoria (toque de queda) que se vive en el país como parte de las medida de restricción decretadas por el estado para prevenir contagios. Franco Delgado Flores, acababa de librar la batalla contra el virus COVID-19, mismo que contrajo durante su tiempo de labor para la ciudadanía, más no se pudo librar de las garras de los malhechores que lo mataron a balazos tras resistirse a que le quiten sus pertenencia.
Eventos como los ocurridos con Franco llevan a los ciudadanos peruanos a cuestionarse si podrá en realidad el gobierno de Martín Vizcarra hacerle frente a los actos delictivos y a su vez controlar todas las consecuencias que vienen con el brote de coronavirus en el Perú.