Debido a las noticias recientes acerca de la ratificación del Acuerdo de Escazú en el Perú, queremos recordar a qué se debe este documento. De acuerdo con su primer artículo, este busca brindar la información necesaria para que la población cuente con una mayor comprensión acerca de este instrumento jurídico.
El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, más conocido como el Acuerdo de Escazú, es un tratado internacional sobre la protección del medio ambiente que fue firmado por 22 países con la finalidad de atender las necesidades de sus regiones en materia ambiental con miras a mejorar la democracia y transparencia con que se tratan estos temas en sus respectivas naciones.
Dentro de los criterios que se plantearon en el acuerdo, están el libre acceso a la información ambiental, participación del público en los procesos de toma de decisiones ambientales y la garantía de la seguridad de los defensores del medio ambiente.
La implementación de este Acuerdo supone de una gran controversia, pues mediante este tratado se busca la inclusión de la opinión de los ciudadanos de todo el Perú dentro de la toma de decisiones previa a la realización de proyectos que tengan que ver con los recursos ambientales en nuestro país, pero pondría en juego la soberanía del mismo, según señalan diferentes expertos. No obstante, este podría beneficiar la resolución de conflictos socio-ambientales mediante la integración de las comunidades excluidas en los proyectos relativos al medio ambiente que se realizan en sus regiones.
De acuerdo al Reporte Mensual de Conflictos Sociales N° 195 emitido por la Defensoría del Pueblo durante el mes de mayo de este año se informa que el 80.2% de los conflictos sociales que siguen activos hasta la fecha son de carácter socio-ambiental, por lo que la ratificación del Acuerdo de Escazú en nuestro país podrían aplacar dichos conflictos y favorecer el diálogo entre el Estado y el pueblo.
Sobre esto, la Ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz se pronunció afirmando que que este Acuerdo sería beneficioso para el país y pidió comprensión por parte de las empresas, ya que, el tratado “no está yendo en contra de las inversiones” y que incluso la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) se muestra favorable en su implementación y recomienda suscribirlo.
“Este acuerdo fortalece la posición del Perú, no la debilita. Creo que las empresas deberían entender mejor que si protegemos a los defensores ambientales, si damos derecho a la participación, si tenemos más transparencia vamos a prevenir los conflictos”, declaró en TV Perú.
Cabe recordar que el Perú firmó el Acuerdo en el año 2018 en la sede de las Naciones Unidas. Y en agosto del 2019, el Presidente y el Canciller de la República remitieron el proyecto de Resolución Legislativa al Congreso de la República, junto con documento que sustentaba la importancia de la ratificación del mismo.
Actualmente, se requiere de 11 países de la región ratifiquen dicho Acuerdo para que este entre en vigencia. Hasta la fecha solo 9 lo han realizado.