Las protestas en Portland no cesan, desde la muerte de George Floyd – el afroamericano que murió en manos de un policía blanco – las manifestaciones en contra del racismo en el Estado de Oregón, no han terminado, a más de 50 días la situación empeora con la llegada de agentes federales, enviados por Donald Trump.
En la última semana, las fuerzas de seguridad federales enviadas por la Casa Blanca, han aumentado los enfrentamientos con los manifestantes, quienes han denunciado violencia y abuso de autoridad en Portland, a través de las redes sociales, en donde se han viralizado vídeos de los agentes, no identificados, utilizando la fuerza para meterlos en vehículos que tampoco cuentan con identificación, además se ha visto ataques con gases lacrimógenos.
Mark Morgan comisionado de la Oficina de Aduana y Protección Fronteriza, a través de su Twitter aseguró que seguirán arrestando “criminales violentos que están destruyendo propiedades federales”. El comisionado aclaró que el motivo por el cual los agentes no están identificados sería la seguridad de estos, ya que según Morgan, los manifestantes usan la información para atacar a sus familias.
Las autoridades de la ciudad de Portman han mostrado preocupación, desde la llegada de los agentes enviados por Donald Trump, la situación en la zona habría empeorado, “Su presencia aquí en realidad está llevando a más violencia y más vandalismo” afirmó el alcalde de Portman, Ted Wheeler, para CNN. Asimismo, la gobernadora de Oregón, Kate Brown también se pronunció ante los hechos acusando a Trump de hacer un teatro político. El estado de Oregón ha presentado una demanda en contra de las fuerza federales, en donde los acusa de detener ilegalmente a los protestantes.
Por su parte, la Casa Blanca se ha pronunciado, asegurando que el despliegue de las tropas tiene como único fin proteger las propiedades federales de la ciudad y a los ciudadanos de la “izquierda radical”. Chad Wolf, secretario interino de la Seguridad Nacional, se ha referido a ellos como “mafia violenta”.
La disputa que se ha armado entre las autoridades locales y las federales habría sido calificada como crisis constitucional, por la Unión América de Libertades Civiles, quienes además cuestionaron a las autoridades federales por la forma de reprimir las protestas.
