El Congreso de la República, mediante un acuerdo del Pleno coincidió en presentar un recurso de interpelación al ministro de Educación, Martin Benavides, esto como parte de las investigaciones y criticas al titular de la cartera por el proceso de licenciamiento de dos universidades, cuando el ministros era el presidente de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU).
Dicho acuerdo (sobre la presentación de interpelación) obtuvo 94 votos a favor, 15 en contra y 15 abstenciones dentro del intercambio de opinión del parlamento. En los detalles del debate, se destacó la iniciativa del legislador Walter Rivera de Acción Popular.
Rivera argumento que durante el proceso de licenciamiento de las sucursales de la Universidad Tecnológica del Perú (UTP) y la Universidad Peruano Alemana (UPAL), no contaban con los requisitos dispuestos por ley para brindar licenciamiento.
Asimismo, se entendió que la interpelación presentada al ministro de Educación incluye 33 preguntas que ayudaran a esclarecer la hoja de ruta del ex jefe de la SUNEDU.
En otro punto, el parlamentario Fernando Sagasti, vocero de la agrupación política: El Partido Morado, señaló que los mecanismos de interpelación permiten determinar responsabilidad política de un ministro de Estado cuando ejerce su cargo; sin embargo, esto difiere cuando se trata de un hecho que no es retroactivo, ósea, cuando cumplía funciones para otra institución.
Desde ese punto, es que Sagasti solicitó la explicación de la Comisión de Constitución sobre pertinencia de interpelar a Martin Benavides, por las supuestas responsabilidades que se le imponen, mucho antes de ser titular de la cartera de educación.
Por otro lado, para legisladores como Carlos Mesías de Fuerza Popular, esta proceso de interpelación a Benavides es viable, ya que dentro de sus responsabilidades políticas como ministro, alcanza en sus obligaciones lo que ocurra con la SUNEDU en los procesos de licenciamiento.
Cabe resaltar, que esta interpelación corresponde al proceso de licenciamiento a las universidad públicas como privadas en el marco del fortalecimiento y regulación de las instituciones educativas del país.