Débilmente se toca este tema entre los medios y la población. Muchos siguen aún ataviados de mascarillas y cientos de implementos para protegerse durante la post cuarentena que ha dejado a más de uno sin empleo y ahora un acuerdo en la olvidada selva de nuestro país pone entre la espada y la pared el bienestar de los pueblos de la zona más afectada por la pandemia y el dilema sobre nuestra soberanía.
Pero, estimado lector, como este medio se precia, nuestra intensión siempre será poner en sus manos la información lo más neutral posible para que pueda formularse a sí mismo las preguntas y las opiniones correspondientes serán dadas al final como referencia, por si usted prefiere o no considerarlas. Al fin y al cabo, este es el arte de una democracia. Lejos de pretensiones políticas de por medio, y sin intentos de hacerle caer en alguna trampa de la desinformación.
Pero ¿qué es este famoso acuerdo que pone en vilo tantos intereses tanto de ONGs pro ambientalistas, poblaciones indígenas, y a los mismos Estados? Este es un documento redactado en el año 2015, establecido en la categoría de tratado internacional, que fue firmado por 22 países de América Latina y el Caribe para la «salvaguarda» y «protección» del medio ambiente. No obstante, de los 22 países miembros, solo 9 han mantenido su ratificación. Entre ellos, Antigua y Barbuda, Bolivia, Ecuador, Guyana, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadina y Uruguay.
En resumen, el artículo primero de este acuerdo menciona que busca «garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible.»
Esto quiere decir que todo asunto relacionado con las controversias ambientales, considerando la variedad increíble que tenemos en el Perú, podrán ser revisadas y consideradas en la Corte Internacional de Justicia (CIJ). Además le pide al Estado que ratifica debe garantizar un buen entorno a las personas, grupos y organizaciones (ONGs), así como acceder a la Información Pública sobre medio ambiente para estos elementos de la sociedad.
Esto suena bastante bien para un país en el que no se puede mejorar ni si quiera el sistema de salud o de agua y desagüe de las zonas pobladas en las fronteras que compartimos con Brasil, por ejemplo. Loreto, Madre de Dios, Pucallpa, entre otros departamentos, podrían considerar esta opción viable ante el olvido y abandono del Estado peruano lucieron durante la pandemia e incluso antes, tras la crisis de dengue en la región.
Lamentablemente, no todo lo que brilla es oro. Para Miguel Ángel Rodriguez Mackay, experto en temas internacionales, entre sus diferentes fuentes históricas, este acuerdo no debe proceder debido a que, pondría la soberanía del país en manos extranjeras con fines muy lejanos para los que se vieron originalmente.
«El acuerdo de Escazú serviría de botón propulsor para que las controversias ambientales del territorio de un Estado, sean resueltas por la Corte Internacional de Justicia, es decir, adiós a la justicia nacional, consiguiendo relativizar a la soberanía que por definición es solamente absoluta desde la histórica Paz de Westfalia.», señaló.
Asimismo, también mencionó que este tipo de acuerdos como el firmado en la ciudad costarricense en 2018, podría llevar a graves conflictos entre países. Según recuerda en su columna de opinión en Correo, Ecuador considerado como ‘Estado amazónico‘ podría intentar demandar a Perú ante la CIJ. Su interés, señala, vendría desde 1941 cuando nos llevó a una guerra que extendió las tensiones hasta 1995.
Sin embargo, no es la única personalidad que pone en evidencia algunas falencias en la ratificación de este acuerdo. El canciller Meza-Cuadra compartió sus apreciaciones al respecto, recordándonos que no hay necesidad de un acuerdo para dotar de información pública. Para ello la Ley 27866, lo permite. Además, recalcó que la ratificación de este tipo de documento fomentaría diferentes conflictos adicionales entre territorios firmantes y no firmantes provocando un profundo desbalance en la región.
«La naturaleza jurídica vinculante del Acuerdo de Escazú generará una nueva obligación internacional para el Estado peruano, específicamente en materia de defensores de derechos humanos, por lo que estará sujeto a responsabilidad internacional en caso de incumplimiento”, mencionó en el documento expedido por Cancillería el pasado 17 de junio.
Un acuerdo puede cambiar el giro de la historia no solo del país, sino de la región. ¿Buscarán perder su poder y control sobre aquellos que no fueron capaces de proteger? ¿Será una oportunidad para que el gobierno de Martín Vizcarra deje a un lado el populismo y se percate de lo que puede estar provocando en nuestra selva y en diferentes regiones del país?
Desde esta humilde tribuna, nos preguntamos si a lo mejor el gobierno mismo ha fallado en su tarea de salvaguardar los espacios para las poblaciones indígenas o para aquellos que prefieren pertenecer al otro lado de la frontera, para dejarle este tipo de responsabilidad a entidades internacionales u organizaciones que, lamentablemente, carecen del prestigio necesario.
Este tipo de acuerdos no tendrían que ser por ningún motivo un tipo de riesgo y ni si quiera debieran ser objeto de discusión, si en principio el gobierno central hubiese tenido la personalidad suficiente para velar por los intereses de todos los peruanos y no solo el propio. O al menos, considerar que en plena pandemia, lo que las poblaciones que ahora tanto pretenden ‘cuidar‘ ratificando un acuerdo caribeño, son las mismas que les rogaban oxígeno para no morir no hace menos de 3 semanas. Es una desventura para muchos, considerar que esta situación solo atañe a las simples paradojas que se viven en medio de un universo llamado Perú y al que ya venimos seriamente acostumbrados.